miércoles, 21 de septiembre de 2011

ESPAÑA


Detenidas 30 personas durante el desalojo de un local 'okupa' en Bilbao


La Ertzaintza ha detenido a una treintena de personas después de que la pasada madrugada comenzase la operación de desalojo del gaztetxe (local juvenil) Kukutza, sito en el barrio bilbaíno de Rekalde, cuyo desalojo y derribo había autorizado el Ayuntamiento de Bilbao y ordenado un juez. Otra juez ha paralizado esta misma mañana el derribo. Los agentes, que han comenzado la operación a las cinco de la mañana, han logrado, tras numerosos incidentes, vaciar el edificio hacia el mediodía. Siete personas han sido arrestadas durante los disturbios registrados en el exterior del inmueble, mientras que los 23 okupantes del local han sido trasladados a dependencias policiales "para realizar las diligencias" correspondientes, según fuentes policiales. El edificio era utilizado desde hace 13 años como gaztetxe.
Kukutza es más que un gaztetxe al uso. Por sus más de 6.000 metros cuadrados de superficie y su amplia oferta de actividades culturales y sociales se había convertido en el local okupa de referencia en Bizkaia y en uno de los iconos del barrio bilbaíno de Rekalde. Por sus instalaciones pasaban más personas incluso que por algunas dependencias culturales del municipio. Sin embargo, todo el programa estaba organizado al margen de la legalidad, según fuentes municipales. O del sistema, como defienden sus promotores.
El edificio donde se ubica el gaztetxe se hallaba en desuso y fue okupado hace 13 años por vecinos que desarrollaron diversas actividades culturales en su interior hasta que el propietario decidió recuperar la parcela y construir pisos. El Ayuntamiento bilbaíno ofreció a estas personas el traslado a otro edificio en régimen de alquiler y, por tanto, dentro de la legalidad y contar para ello con el apoyo financiero municipal, pero la oferta fue rechazada...

COLOMBIA


El lavado de cara del Gobierno de Santos

Durante los años de conflicto interno en Colombia, las tierras de miles de campesinos fueron expropiadas mediante amenazas, persecuciones y asesinatos. Cuatro millones de personas fueron desplazadas. Actualmente la mayor parte de sus tierras están en manos de terratenientes.
Como parte de lo que algunas organizaciones de derechos humanos tildan de “un lavado de cara” del Gobierno de Santos, se encuentra ahora en discusión la llamada popularmente Ley de Tierras. Según denuncian grupos de defensa de los derechos de las víctimas y de los desplazados se trata más bien de “una ley de legalización del despojo”. Por un lado, estas tierras no cambiarán de manos si cumplen una función productiva, como es el caso de los gigantescos campos de palma o caña para biocombustibles. Por otro lado, cuando sí se hace efectiva la devolución a campesinos y comunidades, como no se garantiza la mínima seguridad en un contexto de gran violencia, las organizaciones señalan que existe el grave peligro de que estas tierras terminen siendo vendidas a bajo precio. De ser así, se produciría una nueva concentración de la tierra, aunque, esta vez, con un título válido de propiedad.

COLOMBIA

La violencia sexual permanece en silencio


Mujeres y niñas en Colombia sufren con frecuencia violencia sexual en el marco del conflicto armado, un delito que permanece silenciado sin que las víctimas logren justicia ni acompañamiento, según un informe de Amnistía Internacional.


"Las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado que afecta al país", indicó AI en su informe titulado "Eso es lo que nosotras exigimos: que se haga justicia".

Para Marcelo Pollack, responsable de AI para Colombia, la violencia sexual dentro del conflicto armado que a o largo de medio siglo ha enfrentado a guerrillas izquierdistas, paramilitares de extrema derecha y fuerza pública "ha sido el abuso más invisible y la manifestación más clara de la impunidad".

"Hay un subregistro muy marcado. No se ha podido medir el nivel de ese delito ni aplicar medidas efectivas para resolver el problema", dijo Pollack.
El informe de AI refiere que en 2010 el Instituto de Medicina Legal de Colombia, país de 46 millones de habitantes, realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 efectuados en 2000. Del total, las mujeres y niñas representan 84% de los casos y más del 85% corresponde a menores de edad.
Además, 73% de las mujeres maltratadas físicamente no denunciaron la violencia que sufrieron, al igual que el 82,1% de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto armado, según AI.

De 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional de Colombia ordenó investigar en 2008, se estima que en 45,8% de los casos los autores fueron paramilitares, 19,4% integrantes de la fuerza pública, y 8,5% guerrilleros. Otro 4,5% corresponde a grupos armados no identificados, 4% delincuencia común y 1,5% a algún familiar. En 16,4% de los casos no se pudo determinar el responsable.

Colombia es el único país de América Latina en el que persiste un conflicto armado interno, y "está claro que hay una crisis humanitaria de gran nivel", señaló Pollack.
"La violencia sexual es una realidad en todos los países del mundo, pero los conflictos armados exacerban esa situación", refirió...



http://colombia.indymedia.org/news/2011/09/123627.php

COLOMBIA


Se reabriría uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada en el país

Al mediodía de este lunes el abogado Pedro Mahecha presentó ante la Fiscalía un derecho de petición para que se reabriera un caso emblemático de desaparición forzada en el país: el de Miguel Ángel Díaz. Ese mismo día y hora, pero hace 27 años, Díaz fue desaparecido en el Magdalena Medio junto a otro dirigente del Partido Comunista Colombiano. El episodio cambió la vida de Gloria Mancilla de Díaz, quien, por emprender una batalla jurídica y social para encontrar a su esposo, fue forzada desde entonces al exilio junto a sus tres hijas, ante la gravedad de las amenazas. Hoy pide que el crimen sea considerado de lesa humanidad y continúe su investigación.
Si la Fiscalía accede a reabrir esta investigación, de acuerdo con la petición radicada , deberá indagar la responsabilidad penal que puedan tener otros funcionarios que para la época de la desaparición (1984) fungían como autoridades nacionales y locales.
El 5 de septiembre de 1984, Miguel Ángel Díaz y Faustino López se dirigieron a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Boyacá (Boyacá) para legalizar la escritura de una casa de propiedad del Partido Comunista. A las 11:30 a.m., Miguel Ángel fue a recoger la escritura y al momento de salir de la oficina fue introducido a la fuerza en un carro Renault 12, al que seguía una motocicleta roja, conducida por el detective rural del DAS Jorge Luis Barrero.
Siete horas después, cuatro encapuchados y el agente del DAS irrumpieron en el apartamento de Faustino, de donde, de acuerdo a la versión de los vecinos, lo sacaron en un costal y lo subieron a un carro...

COLOMBIA


Amenazas contra estudiantes de la Universidad de Antioquia


La Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia rechaza las amenazas de las que fueron víctimas los estudiantes de las facultades de Odontología y Medicina de la Universidad de Antioquia, por medio de un correo electrónico anónimo, en el cual les advertían que debían sumarse al paro decretado por la Asamblea General de la UdeA so pena de consecuencias resaltadas como: ¨las consecuencias¨.

Entendemos que estas amenazas no pueden provenir de personas que han entregado su vida y alma a la construcción de un país mejor desde el activismo estudiantil, pero sí a irresponsables que pretenden sabotear procesos o imponer medidas a la fuerza. 

No sentamos posición sobre el paro que se ha decretado en la Universidad de Antioquia pues es menester de sus propias dinámicas definir su conveniencia o no, pero sí rechazamos que las amenazas y la violencia, provengan del sector que provengan, sean usadas en contra de estudiante alguno. 

Llamamos a que la construcción de un movimiento estudiantil sólido, se haga con base en principios de unidad, coherencia y respeto a la diferencia, no pensamos guardar silencio ante estos reprochables actos y contribuiremos siempre a hacer de la injusticia algo evidente.

COLOMBIA

BRUTAL REPRESIÓN CONTRA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA



Hacia las dos de la mañana del 20 de septiembre, un grupo de agentes del ESMAD irrumpió en el campus de la Universidad de Pamplona y atacó con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y balas de goma a un grupo de más de cien estudiantes que se encontraban durmiendo en las carpas dispuestas para la toma pacífica de ese centro educativo. Tras el desalojo se produjeron fuertes refriegas que se prolongaron hasta las horas de la mañana y los estudiantes han informado que varios de sus compañeros se encuentran hospitalizados y otros detenidos. Los habitantes de los barrios aledaños a la ciudadela universitaria se quejaron por la barbarie de los uniformados que con sus bombas generaron pánico y causaron destrozos a las viviendas. La respuesta indignada del estudiantado de las otras sedes de la universidad en Cúcuta y Villa del Rosario ha sido respaldar a Pamplona y radicalizar la lucha.
La toma hacía parte del paro estudiantil  iniciado el viernes 16 para exigir solución a los graves problemas que enfrenta la Universidad. Al igual que el resto de instituciones de educación superior públicas del país la de Pamplona se encuentra asfixiada presupuestalmente. Hace dos años se produjo otra toma de una semana que obligó al gobernador del departamento, William Villamizar, y a las directivas de la institución, a establecer un acta de compromiso, cuyos puntos no se han cumplido hasta el momento. El eje de las reclamaciones consiste en gestionar la búsqueda de mayores recursos ante el gobierno nacional y la rebaja en las matrículas que, comparadas, son las más altas nacionalmente. Pese a ello la universidad adolece de falta de materiales, insumos y equipos para el normal funcionamiento de las diferentes facultades, así como de fallas locativas y problemas sanitarios, entre otros.
La agresión a los estudiantes es responsabilidad de la rectora Esperanza Paredes y del Gobernador, quienes pidieron al ESMAD que desalojaran el campus por la fuerza. Estos hechos son de suma gravedad y demandan de la inmediata solidaridad de todo el movimiento Estudiantil. Ante la situación en la que se encuentran las universidades de Antioquia, Pereira, Tolima y Tunja, urge coordinar acciones de carácter nacional para evitar que las luchas que han estallado localmente sean golpeadas.

EPA! Ediciones

Educación Popular Áctara

El Activista

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