El lavado de cara del Gobierno de Santos
Durante los años de conflicto interno en Colombia, las tierras de miles de campesinos fueron expropiadas mediante amenazas, persecuciones y asesinatos. Cuatro millones de personas fueron desplazadas. Actualmente la mayor parte de sus tierras están en manos de terratenientes.
Como parte de lo que algunas organizaciones de derechos humanos tildan de “un lavado de cara” del Gobierno de Santos, se encuentra ahora en discusión la llamada popularmente Ley de Tierras. Según denuncian grupos de defensa de los derechos de las víctimas y de los desplazados se trata más bien de “una ley de legalización del despojo”. Por un lado, estas tierras no cambiarán de manos si cumplen una función productiva, como es el caso de los gigantescos campos de palma o caña para biocombustibles. Por otro lado, cuando sí se hace efectiva la devolución a campesinos y comunidades, como no se garantiza la mínima seguridad en un contexto de gran violencia, las organizaciones señalan que existe el grave peligro de que estas tierras terminen siendo vendidas a bajo precio. De ser así, se produciría una nueva concentración de la tierra, aunque, esta vez, con un título válido de propiedad.
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