La Aociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que nuevamente se cometen hechos en contra de la vida, libertad e integridad física de la comunidad y los lideres que exigimos la devolución inmediata de nuestras tierras, las cuales fueron arrebatadas por parte del Grupo DAABON en complicidad con instituciones del Estado Colombiano, desde el día 14 de julio del año 2009.
Hechos:
1. El abogado del consorcio el Labrador, (CI Tequendama y Aportes San Isidro) ha interpuesto denuncia penal en contra de nuestros líderes ELIUD ALVEAR CUMPLIDO, ETNI TORRES MORENO y MISAEL PAYARES por el delito de invasión de tierras y en contra de MISAEL PAYARES, también cursa otra denuncia penal por calumnia interpuesta por Mario Mármol Montero, reconocido por la comunidad como uno de los paramilitares del BCB que participó del desplazamiento forzado del que fuimos víctimas en el año 2003. Dichas denuncias penales son de conocimiento de la Fiscalía 39 local de San Martín de Loba desde el mes de enero de 2011, cuyos radicados son 136676001121201100014 y 136676001121201100066, Fiscal Wilson Antonio Valeta Monterrosa.
2. Nuestros líderes fueron citados por la mencionada Fiscalía el 30 de marzo de 2011 para una diligencia de conciliación. Según el abogado del consorcio palmero, señor Danilo Palacios, el supuesto delito de Invasión de Tierras en grado de tentativa lo fundamenta en la entrevista que concedimos como ASOCAB en la emisora La W, con el Dr. Julio Sánchez Cristo y Camila Zuluaga en donde hicimos explícito nuestro derecho al retorno. El segundo supuesto delito por calumnia lo fundamenta en una denuncia pública que hicimos sobre la pertenencia del señor Mario Marmol a los grupos paramilitares que nos desplazaron en el 2003. Denuncia que interpusimos ante la Fiscalía Especializada, Unidad de Desplazamiento Forzado de Cartagena.
3. Nuestros líderes acudieron dignamente y con la frente en alto a la mencionada citación, acompañados de más de 50 personas de nuestra comunidad, pues estamos convencidos que el retorno es un Derecho que tenemos y no nos lo pueden seguir desconociendo.
Mientras nos amenazan, señalan y ponen en riesgo nuestras vidas, el Gobierno Nacional se niega a devolvernos nuestras tierras.
4. El Ministerio de Agricultura desde el año pasado nos incluyó en el Plan de choque de restitución de tierras. Los funcionarios Andrés Bernal y Jennifer Mojica, nos visitaron el pasado viernes 25 de marzo por delegación del ministro Juan Camilo Restrepo. Nos informaron que el plan de choque definido para nuestra comunidad consiste en:
a) Un proceso de recuperación de baldíos de la Nación que no incluye la tierra de Las Pavas de donde fuimos expulsados.
b) Un contrato de comodato entre la Empresas del Grupo DAABON y José Ernesto Macías, gerente de Aportes San Isidro y nuestra comunidad para que ellos nos “presten” algunas de las tierras que son nuestras por derecho. Estas empresas se han beneficiado del accionar paramilitar en el Sur de Bolívar, específicamente el de Jesús Emilio Escobar y Mario Mármol. Más que un plan de choque de restitución es una propuesta de favorecimiento a las empresas palmicultoras en detrimento de nuestros derechos fundamentales.
5. ASOCAB, denuncia y rechaza estas pretensiones del Gobierno Nacional de apoyar a quienes se han beneficiado del paramilitarismo y el desplazamiento en Colombia y en el Sur de Bolívar. Esa no es la política de restitución de tierras que como campesinos requerimos y mucho menos la que como dueños de estas tierras de las Pavas reivindicamos.
6. Somos víctimas de desplazamiento forzado por el paramilitarismo, en el que el Estado jugó un papel importante en esta región del Sur de Bolívar. Por lo tanto esperamos que ese mismo Estado restituya nuestros derechos, adoptando medidas eficaces para devolvernos las tierras y el territorio que nos han despojado. Exigimos del Estado un trato digno y que no nos traten como criminales. Somos víctimas y no victimarios. Exigimos que las judicializaciones en contra de nuestros líderes sean precluidas inmediatamente y ordenada la investigación por las irregularidades cometidas contra nosotros por parte de las diferentes autoridades judiciales y administrativas. Así mismo exigimos garantías en el ejercicio de nuestro derecho al retorno.
7. Los campesinos de ASOCAB demandamos del Estado colombiano, representado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, que enfoque su plan de choque en EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE VIDA DIGNA, a través de la garantía del derecho fundamental de retorno en condiciones de seguridad y la restitución de las tierras despojadas, derechos fundamentales de la población desplazada.
Antecedentes:
1. Los campesinos de ASOCAB fuimos desplazados de la Hacienda Las Pavas en el 2003 por el Bloque Central Bolívar de los paramilitares.
2. Después de la desmovilización de ese grupo armado ilegal retornamos autónoma y voluntariamente para continuar la posesión de la tierra que realizábamos desde 1998.
3. En el año 2006, hombres armados (que no se desmovilizaron), comandados por Jesús Emilio Escobar, presunto narcotraficante que había abandonado las tierras desde 1993, nos despojó nuevamente de la posesión sobre la Hacienda Las Pavas.
4. Luego de este segundo desplazamiento forzado de que fuimos víctimas, el señor Jesús Emilio Escobar le vendió los 14 predios que conforman la Hacienda Las Pavas, 11 de ellos baldíos nacionales a José Ernesto Macías (Aportes San Isidro) y Alfonso Dávila Abondano (C.I Tequendama – Grupo DAABON), para que ellos sembraran palma aceitera.
5. Sin ninguna acción por parte del Estado para garantizarnos el derecho fundamental de retorno y de restitución de la tierra, consagrado en la Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios, y reconocido como derecho fundamental de la población desplazada mediante sentencia T-025 de 2004, en el 2009 retornamos nuevamente de forma voluntaria y autónoma a la Hacienda Las Pavas, nuestras tierras que, como consecuencia del delito de desplazamiento forzado de que fuimos víctimas, fueron cultivadas con palma.
6. Tras actuaciones irregulares, que claramente son verdaderos prevaricatos, el Juez Primero Promiscuo de Mompox y el Inspector de Policía de El Peñón, desconocieron descaradamente la ley y la jurisprudencia para favorecer a las empresas CI Tequendama y Aportes San Isidro, ordenando y ejecutando un nuestro desalojo de la Hacienda Las Pavas, mientras el ministerio público se hacía de la vista gorda, es así como El Estado colombiano no garantizó el derecho fundamental de retorno y nos expulsó ilegalmente de las tierras en el 2009.
7. La Corte Constitucional desde septiembre de 2009 está considerando defender nuestro derecho fundamental de retorno y restitución, pero aún no ha producido un fallo que nos restablezca nuestros derechos.
HACEMOS UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL PARA QUE NOS ACOMPAÑEN INCONDICIONALMENTE EN ESTE PROCESO POR EL DERECHO AL RETORNO Y LA RESTITUCIÓN DE NUESTRA TIERRAS.
