Campesinos, indígenas y afro continúan siendo víctimas del conflicto armado en el Cauca
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca registra durante el mes de abril y los primeros quince días del mes de mayo, un número de cincuenta (50) asesinatos ocurridos en el marco del conflicto armado, donde las principales víctimas son civiles pertenecientes a comunidades campesinas, indígenas y afros de esta región.
Se observa que las modalidades de asesinatos selectivos y masacres continúan siendo prácticas permanentes en este Departamento, desatando los siguientes hechos:
- María del Pilar Ull Secue de 27 años de edad, indígena del pueblo Nasa, asesinada el 16 de mayo. El hecho se presentó en el resguardo de Huellas, municipio de Caloto, cuando el vehículo de transporte público en el que viajaba la víctima en compañía de sus dos hijos menores de edad, su esposo e integrantes de la comunidad indígena, fue detenido por hombres encapuchados que portaban armas de fuego, quienes ordenaron a la víctima a descender del vehículo. Ante la negación de ella procedieron a dispararle hasta quitarle la vida.
- Diego Aranda Mosquera de 50 años de edad, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cohetera municipio de Cajibío, asesinado, el 5 de mayo a las 8:00 pm, por 7 hombres vestidos de camuflado quienes portaban armas largas. Los uniformados llegaron a la casa de habitación de la víctima requiriendo ser acompañados hasta el Salón Comunal de la Vereda, posteriormente, en presencia de su hijo de 14 años de edad, le dispararon una ráfaga de fusil.
- Silvestre Ipia, de 55 años de edad, padre de la Representante Legal de la Asociación Movimiento Campesino de Cajibío - AMCC, fue asesinado en su lugar de residencia ubicada en la vereda El Naranjo, Corregimiento de Casas Bajas, municipio de Cajibío.
- El día 14 de mayo, en momentos en que el presidente de SINPEAGRIC (Sindicato de Pequeños Agricultores) filial de Fensuagro CUT, CRISTOBAL GUAMANGA, transitaba en una motocicleta por la vía veredal que comunica la vereda La María y el sitio Caracolí municipio de Corinto, dos individuos encapuchados que se encontraban sobre el camino, le hicieron señales para que se detuviera, ante lo cual él aceleró su vehículo y procedieron a dispararle, resultando ileso de este atentado. Es de resaltar que este dirigente campesino y sindical fue uno de los líderes de la reciente Audiencia de Derechos Humanos realizada en Popayán el pasado 30 de abril de este año.
- En la costa Pacífica caucana la situación no es menos crítica, a tal punto que en el mes de abril se ha registrado el asesinato diez personas. En el municipio de Timbiquí siete personas, a manos de grupos paramilitares que operan en la zona, según lo denunciaron líderes de la zona. Así mismo, en el municipio de Guapi, tres cadáveres fueron encontrados descuartizados, uno de ellos, el de una menor con el uniforme de la Institución Educativa "Concentración Manuel de Valverde”.
- El 7 de mayo, cinco integrantes de una misma familia, miembros del Consejo Comunitario Bajo Naya, fueron asesinados por hombres armados que los llevaron hasta un lugar desolado del sector conocido como Bajo Naya en el municipio de Buenos Aires, las víctimas de esta masacre son Rómulo Viveros de 58 años de edad, Jaime Viveros Delgado de 40 años, José Eimer Viveros Delgado de 30 años, Gueimar Alexis Viveros Delgado de 36 años y José Elder Viveros Delgado de 30 años. En el mismo día, en zona rural del municipio de Argelia, fueron masacradas otras siete (7) personas, integrantes de una misma familia. Estos hechos fueron corroborados por la Defensoría Regional del Pueblo.
Por otra parte, durante los meses de marzo, abril y mayo, las comunidades afros e indígenas del Pacífico Caucano, como pobladores indígenas y campesinos de los municipios de Suárez, Buenos Aires y Morales, denunciaron la decisión del Gobierno Nacional de realizar fumigaciones aéreas con glifosato, situación que ha afectado principalmente los cultivos de pan coger, al igual que zonas de caza y pesca, así como las fuentes de agua, colocando a la comunidad en grave riesgo por afectación a la salud y a su seguridad alimentaria, situación que resulta incomprensible pues muchas de las zonas afectadas no tienen cultivos de uso ilícito, ni se conoce que la institucionalidad haya realizado consulta previa para adelantar dicha política; o que haya adelantado programas de sustitución de cultivos mediante la sustitución voluntaria en los sitios que han sido afectados por los traslados de siembra de coca de los departamentos de Putumayo, Nariño y Caquetá...
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