en Colombia
Colombia se encuentra sumergida en un profundo conflicto político y armado resultado de las profundas injusticias e inequidades sociales, cuyas expresiones más evidentes encontramos en la concentración de la tierra y las riquezas en pocas manos (recordemos que el índice GINI es de 0,59); la fuerte represión a las formas de organización populares, la violación de los derechos del pueblo, entre otras. En este país que no ofrece oportunidades, donde la pobreza llega al 64% de la población, las mujeres representan el 51.2% del total de habitantes, y el 30% de los hogares se encuentran a cargo de una mujer; donde la tasa de desempleo en mujeres supera el 16 % y la ocupación tan solo llega al 40%, muchas mujeres han decidido asumir un papel protagónico en la historia y hacer uso del derecho de los pueblos a rebelarse, participando de los movimientos sociales, sindicales, barriales, estudiantiles, o, en algunas ocasiones, de los grupos insurgentes; otras tantas se ven obligadas a cometer algún delito para garantizar su subsistencia y la de sus familias; y uno y otro grupo de mujeres llega a la cárcel como lugar en el que se concreta la represión a la oposición, y la invisibilización y criminalización de la pobreza.
La población carcelaria asciende aproximadamente a unas 76.471 personas, de las cuales 4.827 son mujeres, el 6,3%. Esta cifra ha ido en aumento en los últimos años debido a la política criminal impulsada por el gobierno, que busca castigar y reprimir, más que prevenir el delito; y al abuso de la medida de privación de la libertad por parte de los jueces (actualmente hay 25.619 personas sindicadas que se encuentra en las cárceles), lo que ha llevado al desbordamiento de los establecimientos de reclusión, llegando incluso a cifras de hacinamiento que superan el 100%.
En los últimos seis años, se ha registrado un aumento de unas 2.000 mujeres encarceladas, como resultado de la política de Seguridad Democrática que persigue a la oposición y crea falsos positivos[1] judiciales. Pero lejos de estudiarse este fenómeno para poner fin a las causas de criminalidad femenina, por un lado, y por el otro, analizar la adopción de medidas distintas a las privativas de la libertad; el Estado colombiano le salió al paso al hacinamiento creciente de las reclusiones de mujeres, adaptando patios especiales dentro establecimientos diseñados para hombres. El caso más conocido es el de la torre 9 del establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar, cerrado recientemente, en el cual no existía clasificación alguna entre condenadas, sindicadas y menos aún de acuerdo a la naturaleza del delito; donde las internas fueron sometidas a la vigilancia de la guardia masculina lo que se ha prestado para agresiones físicas, acosos sexuales e insultos por su condición de mujeres...
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