COLOMBIA

El estado Colombiano no tiene voluntad política para brindar garantias a los defensores de D.D.H.H.

Escrito por sembrar

La Corporación Sembrar, organismo no gubernamental de derechos humanos, se permite informar sobre los últimos acontecimientos relacionados con la protección y riesgos para la vida de sus integrantes:

1. Han transcurrido dos semanas desde el 3 de marzo, día en que la Corporación Sembrar devolvió los esquemas de seguridad al Estado Colombiano luego de que el DAS rechazara ocho hojas de vida de candidatos para integrar el cuerpo escolta por no pasar la prueba de confianza de esa institución. El día 10 del mismo mes el gobierno se comprometió a realizar una reunión de alto nivel antes del martes 15, lo que hasta el momento no ha ocurrido. El Estado sigue sin adoptar medidas efectivas de protección para los miembros de esta organización.

2. Rechazamos una vez más la pretensión del gobierno colombiano de obligarnos a aceptar empresas privadas armadas como medida de protección. Es inaceptable insistir en ello cuando es bien conocido por sus funcionarios que los dueños o directivos de estas empresas de seguridad son militares retirados de la Fuerza Pública y que, por otro lado, el abogado Jorge Molano representa a familiares de víctimas en procesos donde están vinculados ocho generales retirados y numerosos altos oficiales.

3. La protección de los defensores/as de derechos humanos es una obligación del Estado Colombiano en su conjunto. Las medidas adoptadas deben ser integrales; un carro blindado con escolta y un avantel no son medidas que por sí solas garanticen las condiciones para ejercer la defensa de los derechos humanos. Para Sembrar es inadmisible que, luego de denunciar varios hechos que ponen en riesgo la vida e integridad física de sus miembros, especialmente del abogado Jorge Molano, y contando con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se hayan emprendido con celeridad acciones efectivas para hallar, investigar y sancionar a quienes los han ideado y ejecutado. Esta situación favorece la comisión de nuevos hechos lo que agrava la situación de riesgo, más aún cuando el Juzgado 51 Penal del Circuito está en término para dar a conocer su sentencia en el proceso contra el general R. Arias Cabrales por su participación en la desaparición de once personas durante los hechos del Palacio de Justicia.

4. Reiteramos que es necesario un cambio en la concepción que tiene el Ministerio de Defensa respecto a que la labor de los defensores de derechos humanos hace parte de la guerra jurídica de la insurgencia contra el Estado. El 24 de julio de 2010, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, en una reunión de seguimiento de medidas cautelares realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió tal situación. Carlos Franco manifestó su preocupación por la seguridad de los miembros de Sembrar y en especial del abogado Jorge Molano, pues su acción jurídica como representante de las victimas se había convertido en una “cuestión de honor para las Fuerzas Militares”.

5. Es un hecho notorio que las amenazas se originan en el Ministerio de Defensa y la Junta de Generales. Por eso es altamente preocupante que frente a un riesgo calificado oficialmente como extraordinario, el gobierno se niegue a tomar las medidas correspondientes. Advertimos que nuestra vida e integridad personal y la garantía de las condiciones de nuestro trabajo son responsabilidad del Presidente de la República en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares.

Por ello les solicitamos dirigirse al Estado colombiano a fin de que se le exija:

1. Adoptar, a la mayor brevedad, las medidas políticas y materiales, de común acuerdo con los beneficiarios, que permitan neutralizar y poner fin al riesgo que de tiempo atrás se ha gestado al interior del Ministerio de Defensa, en contra de Sembrar y en particular del abogado Jorge Molano.

2. Impartir directivas específicas que prohíban continuar señalando la labor de abogados/as y defensores/as de derechos humanos como de “guerra jurídica” contra el “honor de las fuerzas militares”. 

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