COLOMBIA

Proceso de Justicia y Paz agoniza en silencio

Los ex jefes paramilitares también llaman la atención sobre la falta de garantías para reconstruir la verdad porque les han venido limitando el acceso a sus propias fuentes de información. 

En estado agónico está el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares que hoy se encuentran recluidos en las cárceles colombianas. Es una agonía silenciosa que sacrifica la verdad de lo sucedido durante décadas de barbarie y a la que nadie quiere hacer alusión: ni el Gobierno nacional, ni la Fiscalía General de la Nación, ni las víctimas, ni los medios de comunicación. 

El pasado 14 de octubre, los jefes paramilitares que aún no han sido extraditados a Estados Unidos suscribieron un documento a través del cual justifican su decisión de no regresar a las audiencias de versión libre ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. El texto lo firman Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’; Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; y Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’. 

En el escrito, los paramilitares hacen una descripción de los que llaman “los siete pecados capitales del proceso de Justicia y Paz”, en el que evidencian las dificultades que han afrontado durante los últimos años en ese incipiente escenario de justicia transicional y ponen en el centro del debate lo que califican como “flagrantes violaciones de los derechos y garantías del debido proceso por parte del sistema judicial”. 

Entre las violaciones referenciadas destacan la de la doble jurisdicción, es decir, la de Justicia y Paz y la ordinaria, circunstancia que implica doble incriminación, investigación y juzgamiento, lo que a juicio de los paramilitares viola el principio de economía procesal en beneficio de las víctimas. Según ellos, “a costa de los derechos de los procesados”. 

Advierten también sobre la lentitud del proceso de Justicia y Paz. Según los ex jefes paramilitares después de casi cuatro años de aplicada la Ley 975 la mayoría de postulados aún se encuentran en etapa de versión libre; además, han sido mínimas las imputaciones, las audiencias de formulación y legalización de cargos, los incidentes de reparación y las condenas. Al hacer cuentas, los ex comandantes indican que los hechos confesados no llegan ni al 15 por ciento, “lo cual indica que a este ritmo, sólo después de transcurridos 20 ó 25 años, las victimas podrán conocer la verdad de lo ocurrido”. 

Los ex jefes paramilitares también llaman la atención sobre la falta de garantías para reconstruir la verdad porque les han venido limitando el acceso a sus propias fuentes de información, aspecto que consideran esencial. Según ellos, “el 95 por ciento de la información que reposa en las fiscalías de Justicia y Paz, proviene del trabajo de investigación, recaudo, procesamiento y selección de dato, llevado a cabo desde las cárceles por los comandantes desmovilizados”. Asimismo, cuestionan a la administración de Álvaro Uribe Vélez de evitar la postulación de decenas de ex paramilitares, lo que también repercute en el derecho a la verdad de las víctimas. 

Por último, alegan que el Gobierno nacional no les cumplió la promesa de recluir a los ex paramilitares en penitenciarías agrícolas. Según la denuncia, “son degradantes las condiciones sanitarias, de salud, de hacinamiento y de resocialización, en que se encuentra una inmensa mayoría de desmovilizados en los centros carcelarios del país”. Finalmente, cuestionan las medidas de seguridad relacionadas con el transporte de internos para diligencias judiciales y la impunidad en la que se encuentran los procesos por la muerte y desaparición de más de dos mil desmovilizados acaecidas desde el año 2006. 

Si bien ninguna instancia del Gobierno nacional ni de la Fiscalía han hecho pronunciamientos públicos al respecto, lo que me han dicho varios funcionarios de la Unidad Nacional de Justicia y Paz es que se tomará la decisión de excluir de los beneficios de la Ley 975 a todos aquellos postulados que no regresen a las audiencias de versión libre. 

No obstante, más que un castigo, y tal como lo evidencia el documento, los estarían favoreciendo, pues en la justicia ordinaria la verdad no es necesaria y la autoincriminación tampoco. En ese escenario jurisdiccional basta con acogerse a sentencia anticipada para finalizar el proceso de juzgamiento. Lo que haya pasado, quedará en el olvido. Eso lo tienen claro los ex comandantes: “en materia de garantías, derechos y términos procesales, la justicia ordinaria se nos presenta mucho más expedita y garantista que la denominada Justicia transicional”. 

De acuerdo con algunos abogados que he consultado, la decisión de los ex comandantes paramilitares no puede mirarse como una “pataleta más”. En diversos escenarios, sus abogados han expuesto los beneficios de la justicia ordinaria, entre ellos el corto tiempo que pasarían en la cárcel sus defendidos, que no sería mayor a doce años. 

El cálculo es simple: para la época en que se cometieron los hechos, la pena no puede superar los 40 años. Si ante un proceso, se acogen a sentencia anticipada, al tiempo total de la condena se le resta el 50%, es decir, purgarían 20 años; adicionalmente, se les rebaja aún más la sanción por trabajo y estudio. Asimismo, la ley permite solicitar la libertad condicional cuando se hayan cumplido las 3/5 partes de la condena. Y no sobra recordar que algunos de los paramilitares firmantes del documento se entregaron voluntariamente el 16 agosto del 2006, lo que suma tiempo a su favor. 

El proceso de Justicia y Paz atraviesa una agonía silenciosa y nadie quiere hablar de ella. A lo mejor con tanto mutismo lo que se pretende es darle un entierro de cuarta para proteger a todos aquellos que se beneficiaron económica, social y militarmente con el proyecto contrainsurgente adelantado por las AUC. Como dicen popularmente, el que calla otorga.

Por: Juan Diego Restrepo